El debate por el aborto: qué es la objeción de conciencia
El debate para despenalizar y regular las interrupciones voluntarias de los embarazos está en marcha en el Congreso Nacional.
Los centros de salud de todo el país están obligados a garantizar los abortosconsiderados no punibles por la ley vigente, pero los médicos tienen el derecho constitucional a declarar su "objeción de conciencia". Muchos se resisten por motivos religiosos o personales, pero también influye el miedo a posibles conflictos judiciales, cuestionamientos éticos, o represalias de parte de las parejas o padres de las mujeres que abortan. El problema aparece cuando la mayor parte de los profesionales de un hospital o una clínica son objetores y las interrupciones de los embarazos se dificultan, atrasan o directamente no se llevan a cabo.
La Academia Nacional de Medicina define la objeción de conciencia como el "testimonio pacífico y apolítico por el cual un médico puede no ejecutar un acto reglamentariamente permitido, sin que ello signifique el rechazo de la persona y el abandono del paciente".
El Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo que publicó el Ministerio de Salud de la Nación en 2015 -una actualización de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles de 2010- tiene "carácter obligatorio en todo el territorio nacional y en centros sanitarios públicos y privados". Allí se respeta el derecho de los profesionales de la salud a objetar ante ciertas prácticas. Pero señala que las instituciones "que no cuenten con el personal ni el equipamiento adecuados" para realizar los abortos, deben "garantizarlos de cualquier forma". Es decir, que los médicos pueden ser objetores de conciencia, pero la institución no.
El principal proyecto de despenalización, que se trata desde el martes en un plenario de comisiones en el Congreso Nacional, respeta la libertad de los especialistas a no ejecutar prácticas que vayan en contra su culto. Pero aún no se debatió la forma en que se garantizará que todos los centros médicos realicen las interrupciones legales de los embarazos. Desde la Sociedad Argentina de Obstetricia y Ginecología (Sogiba), por ejemplo, sugieren la implementación de concursos de médicos no objetores.
Listas de objetores
Los servicios de Obstetricia de hospitales públicos y clínicas privadas suelen elaborar, cada uno, una lista con los nombres de los médicos que se declaran de antemano objetores de conciencia. Muchos son "objetores parciales", es decir, que deciden según el caso.
"Hay servicios donde todos son objetores de conciencia y el aborto lo tiene que hacer el jefe del servicio o el director del hospital. ¿Y si el director es traumatólogo? Estos vacíos ocurren", dijo el doctor Eduardo Valenti, presidente de Sogiba, que se manifestó a favor del debate parlamentario sobre el aborto que empezó este año tras el impulso que le dio el Poder Ejecutivo en febrero.
"Los casos indiscutibles yo los entendía perfectamente y se hacían en el hospital. Pero había otros con los que no era tan fácil", dijo la doctora Corina Urrutia, exjefa del servicio de Obstetricia del Hospital de Moreno. "En la práctica, más allá de las listas de objetores, se decide según el caso. Hay médicos que dicen que no hacen abortos bajo ningún concepto; y médicos que dicen este sí y este no". La especialista ejerció en ese centro provincial durante 18 años y los últimos cinco estuvo a cargo del área.
Los porcentajes de objetores en cada servicio varían según el centro de salud y no hay un estimativo oficial sobre las instituciones donde hay mayores dificultades para llevar a cabo las interrupciones legales de los embarazos. Las carteras sanitarias de la Nación como de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires dijeron a este medio que no tienen registros sobre la cantidad de médicos objetores de conciencia en cada hospital.
Según expresaron diversas fuentes del ámbito médico y gubernamental, hay instituciones donde la totalidad de los especialistas en ginecología y obstetricia se niegan a realizar abortos. En esos casos, son las autoridades hospitalarias las que terminan llevándolos a cabo, aunque la tarea no pertenezca a su especialidad, lo cual, muchas veces, conlleva demoras en la aplicación del tratamiento.
Un intendente bonaerense que pidió mantener en reserva su identidad admitió que uno de los principales problemas en la maternidad de la localidad que dirige es que la totalidad de sus médicos se niega a interrumpir embarazos. "Cada vez hay que hacer un aborto tenemos un problema: no hay nadie que pueda hacerlo", dijo el jefe de la localidad. Hoy su municipio se encuentra en búsqueda de un médico que esté dispuesto.
Miedo
El Código Penal establece que los abortos no son punibles cuando se hacen para "evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si el embarazo proviene de una violación sobre una mujer idiota o demente" (artículo 86). La letra de la ley se prestaba a confusión hasta 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia zanjó la cuestión con el fallo F.A.L: los abortos deben realizarse sin necesidad de autorización judicial; en casos de violación basta con la declaración jurada de la mujer; y los médicos están eximidos de castigo por practicar este tipo de intervención.
Además, encargó a las autoridades nacionales y provinciales la implementación de protocolos hospitalarios "para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos".
Sin embargo, sólo nueve provincias tienen protocolos sobre aborto para hacer cumplir el fallo, según relevaron distintas organizaciones (FUSA AC, Amnistía Internacional, Católicas por el Derecho a Decidir, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro, Gratuito y Fundación Huésped). Son Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Ante la incertidumbre, muchos casos los médicos prefieren no hacerlos, más allá de sus convicciones, por miedo.
"Muchos usan la figura de objeción de conciencia protegerse de conflicto judiciales. Como las causales de aborto no punible son limitadas, el médico termina teniendo que acreditar que ocurrió, por ejemplo, una violación", dijo la diputada nacional Brenda Austin (Cambiemos), firmante del proyecto que tiene mayor apoyo en Diputados, donde se busca garantizar el respeto al derecho de los médicos. "Va a ser uno de los puntos que va a generar discusión y búsqueda de acuerdo. Tenemos que respetar la objeción de conciencia como un derecho constitucional, pero dejar en claro que no puede implicar el no cumplimiento de la ley. Una cosa es el derecho individual y otra es garantizar las normas. En ese equilibrio debe ir la redacción de un artículo al respecto", dijo.
Si se aprobara la ley de despenalización y se modificara el Código Penal, consideró la legisladora cordobesa, la cantidad de médicos objetores disminuiría. "La modificación de la ley va atraer mayor aceptación, menos persecución y menor margen para que actores externos modifiquen las decisiones. Hay que buscar el equilibrio para respetar la decisión del médico y hacer cumplir la responsabilidad de la clínica de garantizar el derecho a la ley", sostuvo. Pero destacó que el tema no fue debatido aún en el Congreso.
El camino de las mujeres que necesitan abortar no siempre empieza por el contacto con el médico. Muchas veces consultan en unidades sanitarias barriales, o con agentes del servicio social del hospital y son ellos quienes plantean a los médicos que el caso corresponde a una interrupción legal del embarazo. "En esos casos suelen surgir conflictos entre el intermediario del paciente, que exige que se realice, y el médico, que puede ser objetor o tener miedo de caer en el delito de cometer un aborto penado. La legalización permitiría que cada médico pudiera trabajar libremente sin que existan temores", observó Urrutia.
Un médico clínico con 20 años de experiencia en el hospital Álvarez señaló, en diálogo con este medio, que hay casos en los que los profesionales deben enfrentarse a los padres de adolescentes que abortaron, que se presentan en las instituciones de manera violenta. "Una vez vino una chica a decir que la habían violado, y abortó acá. Al día siguiente cayó el padre, que no sabía nada y quería romper todo. ¿Qué hacemos con eso? La seguridad de los médicos, con temas tan delicados, debería ser tenida en cuenta en la redacción de la ley", dijo.
Médicos objetores y no objetores coincidieron en que la despenalización acabaría con el impedimento "técnico", que dificulta el cumplimiento del fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia. Pero destacaron la importancia de que se respete el derecho constitucional a la libertad de culto y conciencia.
Desde Sogiba destacaron en este sentido la importancia de la designación, a partir de la ley de despenalización del aborto, de un presupuesto. "Podríamos generar cargos en los hospitales o centros privados, para llamar a concurso e incorporar médicos específicamente para estas actividades. Así dejaríamos de lado la objeción de conciencia y dejaríamos tranquilos a todos. El que se anota es el que va a realizarlo, el que no, no lo hace. Me parece mucho más democrático y respetas todas las ideologías", dijo Valenti, que también es director del Hospital Materno-Infantil Sardá.
Menos resistencia
La doctora Urrutia observa que en el ámbito de la ginecología hay cada vez menos resistencia: "Muchas veces intervienen los médicos generalistas, que son más abiertos para este tema que los especialistas. Con el transcurso del tiempo esto se fue aceptando y las generaciones más jóvenes lo aceptan más fácilmente. Los médicos que se están formando son más amplios".
Sogiba realizó una encuesta entre ginecólogos y socios de la asociación, cuyos resultados aún no fueron publicados, que dio resultados en el mismo sentido: "Presumimos que hay cada vez más médicos de acuerdo con la despenalización, aunque la mayoría no es abrumadora. En Tocoginecología tenemos muchas mujeres jóvenes, que son más proclives a estar a favor. Los médicos de mayor edad en general son hombres y no están de acuerdo", detalló Valenti.
"El tema no es médico, sino social. Es la sociedad la que tiene que decidir. Pero los médicos necesitamos una ley que respete los derechos de las mujeres y que nos permita hablar con reglas claras", finalizó.
La izquierda, por la "eliminación" de la objeción de conciencia
La izquierda presentó hace dos años un proyecto en el Congreso para eliminar la figura de la objeción de conciencia en ciertas prácticas médicas como Obstetricia y Ginecología. "¿Hasta dónde vamos a admitir que criterios ajenos a la ciencia y a la Organización Mundial de la Salud interfieran a la hora de habilitar a un médico a realizar una práctica?", dijo la asesora parlamentaria del bloque del Frente de Izquierda (FIT), Vanina Biasi, una de las mentoras del proyecto que presentó la diputada nacional Romina del Plá. "La objeción de conciencia es un recurso político de los últimos años, es un arma de un sector ligada a determinadas prácticas religiosas que se meten en el ámbito de la salud".
Por: Brenda Struminger
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